La asociación mayoritaria de jueces advierte a Sánchez: «La Ley de Amnistía es el fin de la democracia»

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayor entidad que agrupa a los jueces de España, ha emitido en la noche de este miércoles un duro comunicado en referencia a la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez está negociando con los partidos separatistas cuyos votos necesita para ser investido como presidente y cuya inminente tramitación anunció este martes tras haber alcanzado un acuerdo con ERC. Este paso supone, según ha reseñado la APM, «situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho».

La asociación judicial mayoritaria de España subraya que esta ley «pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo», de modo que se quiebra el principio de la separación de poderes, «esencial en democracia».

De este modo, esta medida deslegitima el Estado de Derecho y al Poder legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, y lanza «el mensaje falaz» de que «el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos».

La APM explica que la iniciativa legislativa que se va a presentar supone la concesión de la amnistía de aquellos que participaron en «los graves acontecimientos» de Cataluña del 1-O de 2017, «hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles».

Además, añaden los jueces, la amnistía vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal «a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones». Ello acarrea, asimismo, «el grave riesgo» de que el mismo trato puedan exigir también «quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad».

La Asociación Profesional de la Magistratura cuenta con «más de 1.400 jueces y magistrados asociados» y recuerda en su comunicado que «llevamos mucho tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho», en una «constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes», y denuncian que «escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley».